Este procedimiento es el paso siguiente a la denuncia que el martes efectuó el Gobierno de Monago ante la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad organizada, tras haber detectado en los cursos de la convocatoria de 2011 un presunto fraude a gran escala cometido en las facturaciones de la Creex, UGT-Extremadura, CC OO-Extremadura y Cepes-Extremadura, afirma el Gobierno regional extremeño en una nota informativa.
El Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), que tine como director gerente a Miguel Lozano Alía, ha solicitado de forma oficial a la Intervención General que abra dicha investigación, al sospechar que en esos ejercicios de 2008 a 2010 también se pudo incurrir presuntamente en prácticas fraudulentas contra la Hacienda Pública.
La motivación de la investigación reside en que esas convocatorias estaban, al igual que la de 2011, reguladas por el mismo decreto de 2008 del anterior Ejecutivo. Dicho decreto estuvo en vigor hasta que en 2012 el Gobierno de José Antonio Monago, ya con plena capacidad jurídica para actuar en esta materia, lo suprimió y sustituyó por otro que modificaba el modelo para hacerlo más riguroso y estricto. Desde ese año no sólo se reducen significativamente las cuantías de las ayudas, sino que pasa a ser la propia Administración regional la que controla y revisa todo el proceso de la justificación de dichos cursos de una manera mucho más exhaustiva.
Del mismo modo, el Gobierno de Extremadura recuerda que la investigación de la convocatoria de cursos de formación de ocupados de 2011 se lleva realizando desde julio de 2014 con el conocimiento desde ese momento de la CREEX, CC OO-Extremadura, UGT-Extremadura, CEPES-Extremadura y el resto de entidades beneficiarias.
A todas ellas, el SEXPE les informó que se realizaría una auditoría del 10% de lo concedido y les ha ido requiriendo toda la documentación para justificar estas subvenciones, que han aportado, así como se les ha remitido el informe provisional de la auditoría para que realizasen las alegaciones y subsanaciones oportunas.
El Gobierno extremeño solicita a todos los partidos que condenen el presunto fraude, como ocurre en otras comunidades autónomas.
