El Gobierno de Extremadura ha decidido poner en conocimiento de la Fiscalía una serie de hechos, que afectan a subvenciones por los cursos de formación para personas empleadas, por considerar que, además de irregulares, podrían ser delictivos.
Sin esperar a ver la reacción de la Fiscalía, que puede admitir la denuncia, no admitirla, archivarla o abrir una investigación, la oposición parlamentaria ha tachado la iniciativa del Gobierno extremeño de electoralista.
¿Qué electoralismo hay en vigilar el cumplimiento de la ley? ¿Qué electoralismo puede haber en controlar el buen uso del dinero público? ¿Por qué iba a ser electoralista encargar una auditoría externa para tener una valoración independiente sobre hechos que inducen a la sospecha y así, a la luz de ese informe, poder confirmar o desmentir si tales comportamientos pueden constituir delito o no? ¿Deben dejar de cumplir con su obligación los gobernantes, los fiscales y la oposición simplemente porque haya elecciones? Entonces, este año 2015, electoral de cabo a rabo, ¿tendría que ser un año sabático para las personas, los organismos, las instituciones y los poderes –Legislativo, Ejecutivo y Judicial- debido a que hay elecciones cada tres meses?
Tachar de electoralista el celo de un Gobierno en la vigilancia del correcto uso de lo público equivale a confirmar que, tanto cuando se gobernó como si se gobernase, se relajaría el interés de la actual oposición por la buena gestión del dinero de todos los extremeños.
Es sintomático, además, que el ataque y el intento de desacreditación al Gobierno, que detecta un posible delito y se lo comunica a la Fiscalía, se realice al mismo tiempo que se sale en defensa de las entidades –la patronal y los sindicatos- presuntas responsables de esas supuestas conductas ilícitas. Sobre todo cuando, quien salva a las entidades que emiten las facturas y, simultaneamente, desacredita a la Administración que las paga -con el dinero de todos, no se olvide-, fue el principal dirigente de una de esas entidades, como ocurre con el diputado socialista Valentín García y la central sindical Comisiones Obreras.
¿Es electoralista que un gobierno gobierne mientras no concluya su mandato? ¿No sería electoralista que dejase de gobernar antes de haberse celebrado las elecciones? ¿Es más lógico y plausible seguir gobernando como si nada hubiese pasado cuando ya se han perdido las elecciones y el Gobierno está en funciones, a la espera de entregar los despachos, como hizo el Gobierno de Guillermo Fernández Vara convocando oposiciones y ayudas a la formación de las personas empleadas? Convocatoria de ayudas de la que, precisamente, proviene el supuesto fraude puesto en conocimiento de la Fiscalía.
Y lo más importante: ¿Hay que denunciar el fraude cuando se tienen datos contrastados de su existencia, o hay que ampararlo con el silencio porque se acercan las elecciones? ¿Lo grave es el día que se denuncia ante la Fiscalía la existencia de un presunto delito de corrupción, con un fraude que superaría los tres millones de euros, o la posible existencia de ese bochornoso delito?
La política no debe ser el arte de mirarse el ombligo, sino la vocación de mirar por el interés de los ciudadanos. Sobre todo cuando existe la sospecha, la evidencia y hasta el convencimiento de que alguien pretende apoderarse de un dinero que no sólo no le pertenece, sino que es de todos.
