En febrero de 2019 World Justice Project, WJP (Proyecto de Justicia Mundial en lengua española) presentó públicamente el Rule of Law Index (Índice de Estado de Derecho en español), el principal referente acerca de la salud del estado de derecho a escala mundial. De ello apenas se ha hablado en España por parte de los medios de información y creadores de opinión; y ¿Saben por qué? Pues, muy sencillo, el Reino de España no se puede afirmar que salga muy bien parado…
El Rule of Law Index -Índice de Estado de Derecho en español- se basa en encuestas realizadas en 120.000 hogares y a 3.800 “expertos”, en 126 países, y mide la percepción y la experiencia de la población en general con respecto al Estado de Derecho en situaciones prácticas y cotidianas.
El Índice evalúa el funcionamiento del estado de derecho de los diversos países, utilizando 44 indicadores, organizados en ocho dimensiones: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal.
“El Estado de Derecho es la base para que las comunidades gocen de paz, igualdad y oportunidades”, afirma William H. Neukom, fundador y CEO del WJP.
“Ningún país ha logrado, mucho menos sostenido, un Estado de Derecho perfecto. El Índice de Estado de Derecho del WJP es un primer paso para establecer puntos de referencia, informar y encaminar reformas, y para enfatizar la importancia fundamental del Estado de Derecho”.
El texto completo del Índice de Estado de Derecho 2019 –incluyendo perfiles de países, infografías, metodología y opciones de descarga– está disponible desde el 28 de febrero en: http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
Todos los años el Rule of Law Index publica una lista en la que evalúa a los diversos países, dependiendo de la calidad de su sistema judicial y sus instituciones. El objetivo del proyecto es medir en qué lugares del mundo se puede hablar de que -realmente- existe un Estado de Derecho en el que, rige el imperio de la ley y, por el contrario, en qué casos estamos ante instituciones débiles, arbitrarias e ineficientes.
El informe mide varios factores: ¿Hay límites efectivos al poder del Ejecutivo? ¿Qué grado de corrupción se observa en las instituciones? ¿Se gestiona con transparencia y desde un criterio de gobierno abierto? ¿Hay respeto por los derechos fundamentales? ¿Estamos ante un país seguro? ¿Se cumplen las leyes aprobadas por el Parlamento? ¿Funciona la Justicia civil? ¿Y la Justicia penal? ¿Qué hay de la mediación y otras fórmulas de resolución informal de disputas contractuales?
ESPAÑA OCUPA EL PUESTO 21, DE 126 PAÍSES, EN EL ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO
España se ubica en la posición 21 de un total de 126 países incluidos en el informe del Índice de Estado de Derecho, en su edición 2019.
España ocupa la posición 15 de 24 países de la Unión Europea (UE), la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y América del Norte*, y en el puesto 21 de 38 países de ingresos altos. Los tres primeros países en el Índice de Estado de Derecho 2019 son Dinamarca (1), Noruega (2) y Finlandia (3); los últimos tres son República Democrática del Congo (124), Camboya (125) y Venezuela (126)
En los primeros puestos del Índice aparecen Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Holanda, Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Canadá, Estonia, Australia, Singapur, Reino Unido. Bélgica, Estonia, Japón, Hong Kong, República Checa, Estados Unidos, Corea del Sur, Uruguay, Francia, y Polonia.
Entre los países que reciben peores notas están Italia y Grecia; y los países en los que el estado de derecho goza de peor salud son Afganistán, Camboya y Venezuela, que ocupan los tres últimos lugares de la lista.
Si restringimos el ranking a los países integrados en la Unión Europea y sus áreas comerciales hermanas, vemos que España queda relegada al segmento medio-bajo de la tabla:
Lo mismo ocurre si nos fijamos en la clasificación según el nivel de riqueza de los países. España entra en el grupo de países ricos y, una vez más, queda relegada a un lugar de poco brillo.
En lo que peor malparados salimos es en lo concerniente a la corrupción (puesto 28), la justicia civil (puesto 29) y la justicia penal (puesto 30), aunque la peor nota es la que obtenemos en orden y seguridad, donde ocupamos el número 36 del índice mundial.
Al leer esta información inevitablemente me viene a la memoria el libro del profesor Alejandro Nieto, ex Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que ha ejercido la docencia en las Universidades de La Laguna, Alcalá de Henares, Complutense de Madrid y Autónoma de Barcelona, que lleva por título “El desgobierno judicial”, cuya lectura recomiendo de manera urgente a todos los que les preocupa el actual estado de la Justicia, y que debería ser de lectura obligada en las Facultades Universitarias de Derecho de España.
El libro fue editado en el año 2004, y la descripción que en él se hace -de absoluta actualidad por desgracia- del poder judicial y de la administración de justicia es realmente deprimente, descorazonadora.
¿Realmente es cierto que en España los jueces están sometidos “al imperio de la ley”?
En España es un secreto a voces, y motivo de constante “alarma social” que en la Administración de Justicia se producen abusos de poder, prevaricaciones dolosas o culposas, encubrimientos corporativos, dilaciones indebidas dolosas, pérdidas de documentos, tráfico corporativo de influencias, tráfico de influencias de grupos de presión (o “lobbies”, como ahora se los nombra…) sutiles amenazas, presiones y coacciones a los justiciables o usuarios de la Administración de Justicia o, también, a los abogados y procuradores para que no firmen determinados asuntos o recursos, etc. etc. llevadas a cabo, por acción u omisión, por jueces, magistrados, fiscales, con la colaboración en muchas ocasiones de abogados, procuradores y demás personal de la oficina judicial…
La Constitución Española de 1978, en su artículo 24, apartados 1 y 2, afirma que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia…”
Igualmente, la Constitución Española de 1978, en su artículo 14, afirma que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”
Para que se garantice el derecho constitucional a la “Tutela Judicial Efectiva”, es imprescindible la intervención de un juez imparcial. El sistema judicial no puede permitir que el juzgador realice su labor a partir de simpatías, o fobias, u odios… o que se deje llevar por deseos tales como el de beneficiar a alguna de las partes, ya sea movido por el miedo (amenaza) o con el ánimo de obtener un beneficio personal (soborno) o por presiones de su entorno (superiores jerárquicos, grupo social, opinión pública, grupos de presión, lobbies, etc.) ¿Se cumplen estos preceptos en España? Algunos opinamos con rotundidad que ¡No! Otro requisito fundamental para que se pueda afirmar que una determinada nación posee un Estado de Derecho, es que las decisiones judiciales sean previsibles. El derecho debe otorgar al ciudadano “seguridad”. La seguridad jurídica implica que los justiciables pueden saber a qué atenerse. La persona usuaria de los tribunales de justicia debe de tener el grado máximo de certeza. No puede ser que quien acuda a los tribunales lo haga como el que acude a un casino de juego… el ciudadano debe tener posibilidad de anticipar el resultado final del proceso, no puede ser que acuda –como ocurre en la actualidad- con una absoluta incertidumbre… No olvidemos que esta es la clave de que el sistema judicial inspire mayor o menor confianza al ciudadano… ¿Cuál es la realidad en España? Pienso que huelgan comentarios.
Y, ¿Qué me dicen de la arbitrariedad de las resoluciones judiciales? Lo arbitrario está reñido con el Estado de derecho, pues el derecho es, justamente por definición, todo lo contrario de la arbitrariedad. Para que el sistema judicial inspire seguridad, es conditio sine qua non la sujeción de los jueces al derecho, a los hechos, a las pruebas, a la jurisprudencia, y, además, a la lógica y a la realidad. Las cosas en España distan muchísimo de ser así…
Respecto de semejante desbarajuste nadie quiere asumir responsabilidades, nadie tiene culpa de nada, siempre hay disculpas para todo, y quienes tienen capacidad de decidir, acaban diciendo que la culpa del desaguisado es de los otros: “la ley está muy mal hecha, y no puede mejorarse porque la oposición y el gobierno no se ponen de acuerdo, son muchos los jueces que están dominados por la pereza y la ignorancia, el Consejo General del Poder Judicial margina a los juristas competentes,…”
Se suele decir que quienes no tienen intención de solucionar algún problema, buscan pretextos, en lugar de buscar soluciones (algunos crean “observatorios” a través de los cuales, sobre todo, ponen mucha atención… aunque no solucionen nada de nada) El actual gobierno suele recurrir a frases como que están vigilantes, que les preocupa seriamente, que están alerta, que no bajan la guardia, y a frases tópicas por el estilo. Y a falta de verdadera voluntad de hincarle el diente al asunto, a lo que se recurre es a distraer la atención del ciudadano con la manipulación descarada de fenómenos parciales o colaterales, para así evitar que la opinión pública acabe poniendo la vista en las cuestiones de fondo, que son las que no se desean tocar; se recurre a cortinas de humo. Así se suele hacer en los últimos años prometiendo fórmulas milagrosas para acabar, pongo por caso, con la violencia doméstica… El caso es aparentar que se está haciendo algo.
La triste realidad, es que no hay voluntad de solucionar el problema de la Justicia. Hemos llegado a tal extremo, que ya no caben parches, ni ungüentos. Como dice el profesor Nieto, es imprescindible recurrir a medidas quirúrgicas. Si más tarde o más temprano no se adoptan tales medidas quirúrgicas -esperemos que más pronto que tarde- a la única conclusión a la que podemos llegar, es a la de que los políticos son los primeros interesados en que las actuales perversiones de la justicia sigan existiendo, para que el Poder Judicial no los pueda controlar, y para poder así, seguir controlando la Administración de Justicia desde el Ministerio del ramo…
Tal como señala en su libro el profesor Nieto, la intervención de los políticos en la Administración de Justicia ha sido una constante en la historia de España, en los últimos siglos. El poder político ha manejado a los jueces a su antojo, y ha influido sin pudor en sus resoluciones, ha entregado los juzgados a jueces “afines”, ha creado una red clientelar y los ha premiado por los servicios prestados… Daba igual el régimen político del que se tratara, las constituciones y las leyes siempre eran ignoradas y despreciadas.
Los partidos políticos que se han turnado en el poder desde el final de la dictadura, respetan cínicamente la fórmula del Estado de Derecho, al que han ido vaciando de todo contenido, respetan en apariencia las competencias del poder judicial, dominan a los jueces que lo integran y así se aseguran que el poder judicial no perjudique a sus intereses y mucho menos controle sus actuaciones.
Cada cierto tiempo “sufrimos” una serie de reformas, que lejos de pretender una auténtica y profunda reforma de la justicia (pese a la retórica vacía de los trovadores del régimen) lo único que demuestran es la lucha de los diversos grupos de presión por patrimonializar el poder judicial. Los protagonistas de tales reformas-luchas siempre suelen ser cuatro: el PSOE, el PP, los miembros de la carrera judicial y las Comunidades Autónomas.
En este panorama, la posición de los jueces (también hay jueces honestos, ¡ojo!) también es desesperanzadora: son conscientes de la manipulación de los políticos, se ven obligados a aplicar normas éticamente intolerables, e incluso se las ven y se las desean para intentar aplicar -incluso- las normas más o menos buenas, que el ordenamiento legal pone a su alcance.
La realidad, terrible realidad, es que no pueden asistir a las pruebas, tampoco tienen tiempo de leer los escritos que presentan las partes en conflicto (tal como la ley les obliga) y se ven incapaces de dictar sentencia en los plazos establecidos, al no disponer del tiempo necesario para redactar sus resoluciones (por lo cual han de encargárselo a funcionarios que no son jueces) De este modo, están negándole a los justiciables el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva -artículo 24 de la Constitución- del cual según la Constitución son los encargados de proteger.
Todo es un paripé, una cínica farsa, que finaliza con la publicación de sentencias “en audiencia pública”, como la Constitución dice, y nunca se realiza.
Para poner remedio a todo ello, los políticos deberían renunciar a la utilización partidista de la justicia, y a la judicialización de la política, a lo que por lo que vienen demostrando legislatura tras legislatura, que no están dispuestos. Porque, o nos tomamos en serio la reforma de la Justicia o nunca tendremos una democracia seria. Pues la Administración de Justicia no es sólo cosa de los jueces y de los políticos, es cosa de todos los ciudadanos, y a todos nos concierne. Nadie puede decir que el asunto le trae al fresco, pues tarde o temprano puede sufrir las consecuencias de esta “justicia injusta” que no nos merecemos.
La Administración de Justicia es posiblemente el ámbito de la Administración que menos simpatías suscita en la mayoría de los ciudadanos.
Sufrimos una justicia lenta, cara, arbitraria, ineficaz, desigual, imprevisible… Si la Administración de Justicia no alcanza un determinado nivel de calidad, no se la puede nombrar como tal, ni tampoco se puede tachar a nadie de fatalista o catastrofista, por llamar a las cosas por su nombre. El Poder Judicial en cuanto a institución constitucional, no existe, es un gran engaño, una falacia, una estafa intolerable (aunque, hay que reconocer que afortunadamente sigue habiendo jueces y fiscales que pese a las coacciones políticas, corporativas e institucionales, tienen la valentía de imponer la ley).
Lo que está en juego es al fin y al cabo la auténtica independencia de los jueces, independencia que nunca será real mientras que la Justicia siga siendo la continuación de la lucha política en otro ámbito y con otras armas. No deja de ser deseable que la Administración de Justicia, como servicio público, funcione pero tal cosa es casi imposible con el actual desgobierno, en el que se confunde independencia con impunidad, con jueces intocables, un “estado de derecho en el que más vale que renuncies por tu bien a tus derechos para no cabrear al juez”…
La deplorable situación de la Justicia en España depende de decisiones políticas: hay que hacer que los jueces estén más cerca de la gente y/o que la gente pueda acercarse más a los jueces, hay que legislar sin miedo ni complejos y, ya puestos, habrá que plantearse si no sería bueno que en el CGPJ no haya sólo juristas -cercanos además a los partidos- sino solventes representantes de la sociedad y no sólo “compañeros de profesión”.
No es cuestión de desconfianza, sencillamente, pienso que es preferible abrir el abanico, pues como decía más arriba: la Justicia no es sólo cosa de los jueces y de los políticos, es cosa de todos los ciudadanos, y a todos nos concierne. Y, por favor, no caigamos en el “buenismo” de considerar que la Administración de Justicia española es buena, y que las corrupciones de las que hablo son excepciones, o pequeñas anomalías, o disfunciones que nada empañan la enorme perfección del sistema, y que pueden ser eliminadas fácilmente…
Puede que lo que aquí se afirma no guste demasiado a los que están acostumbrados a las alabanzas, a las adulaciones, a los elogios “política y socialmente correctos”…
Pero somos muchos, demasiados, sino todos al fin y al cabo, los que padecemos esta “Injusticia” travestida de justicia, maquillada de leyes cínicas e hipócritas, palabras vacías, retórica hueca…
Estoy hablando de un debate urgente, imprescindible, inaplazable si realmente se quiere recuperar (mejor dicho, adquirir) el tantas veces cacareado “Estado de Derecho”, por si a alguien le pudiera aún interesar…
Carlos Aurelio Caldito Aunión
