El Cava Extremeño

El cava extremeño ha entrado de lleno en los mercados y, sus previsiones, son excelentes a corto plazo. Es un artículo demandado, está en plena efervescencia comercial, y los viticultores de cava piden cada año más hectáreas, pues su evolución en Extremadura es muy buena y se espera un prometedor futuro para este producto.

La región extremeña, ha pasado de producir en 2004, 76.000 botellas a 5.000.000 en el año 2015. La progresión del cava extremeño es impresionante, y los mejores expertos internacionales sitúan a este producto entre los mejores del mercado.

Sin embargo, esta vilipendiada región, vuelve a sufrir otra bofetada y, esta vez, viene de la mano del Consejo Regulador de la Denominación de Origen. Este Organismo Público, pretende limitar la inscripción de nuevas superficies para la producción de cava, según ellos, con el fin de revalorizar el producto y evitar que se “desprestigie”.

Extremadura, posiblemente sea la última región que cuente con el Tren de Alta Velocidad (el tan nombrado AVE), se han burlado en varias ocasiones de nosotros, fijando fechas no cumplidas. La famosa disputa entre el Corredor de Sines y el Corredor Mediterráneo la ganó éste último, favoreciendo a las regiones Levantinas y a Cataluña.

El ferrocarril no llega nunca, las comunicaciones son tercermundistas con respecto a otros territorios autonómicos, y ahora que estábamos despuntados en esta faceta, nos limitan el crecimiento… ¿Qué pretenden?… ¡aislarnos y acabar con nosotros por inanición! ¿Condenarnos al subdesarrollo para favorecer a regiones conocidas?

Limitan una producción que en la región crece un 30% anualmente, y que podía suponer un impulso considerable a Extremadura. No me gustaría pensar que estas limitaciones propuestas por el Consejo Regulador, atienden a ciertas exigencias impuestas por cierta región al noreste del país, para preservar su histórico liderazgo.

Los regionalistas de Extremadura Unida pedimos a los dirigentes autonómicos, que negocien y luchen para evitar esta injusta medida que supondría una discriminación más contra los intereses de Extremadura.