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Compromís reitera la necesidad de derogar el Decreto Ley del 1957 que permite a los benedictinos gestionar el Valle de los Caídos

10 de Octubre | 10:25
Redacción
Compromís reitera la necesidad de derogar  el Decreto Ley del 1957 que permite a los benedictinos gestionar el Valle de los Caídos
Mulet afirma que la orden està extralimitándose en sus funciones y anima al Gobierno a denunciarle por desacato al Gobierno y al poder judicial

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha exigido hoy de nuevo al Gobierno que deje de jugar al gato y al ratón respecto a la exhumación del dictador del del Valle de los Caídos y tome las decisiones en firme que le permite el actual ordenamiento jurídico, entre ellas, el derogar el Decreto Ley de 1957, y que estudie seriamente, además de la expulsión de los benedictinos del mausoleo, tomar medidas ante el desacato del prior a la autoridad, al poder judicial y atentar contra la memoria democrática.

Mulet ha vuelto a recordar que tal y como recoge el informe de la comisión de expertos elaborado en 2011, el Decreto Ley de 23 de agosto de 1957, por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, atribuyó la titularidad y administración del lugar a dicha fundación, cuyo Patronato y representación correspondían al Jefe del Estado. Los fines fundacionales eran «rogar a Dios por las almas» de «todos los Caídos» y por España, así como «laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres», sobre la base de la doctrina social católica.

Tal y como se recoge en la  Orden PRE/1396/2011, de 27 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se crea la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9320)  Estas tareas fueron delegadas a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz a través de un convenio, suscrito con fecha de 29 de mayo de 1958, entre la Fundación y la Abadía Benedictina de Silos, previo decreto de establecimiento de la Abadía por Pío XII, el 27 de mayo de 1958, a petición del Estado. Las obligaciones de la orden religiosa consistían, entre otras, en el mantenimiento del culto, la promoción de una escolanía, la dirección de un centro de estudios sociales y el cuidado de la hospedería. Poco después la Iglesia de la Santa Cruz fue erigida como Basílica Menor por Juan XXIII el 7 de abril de 1960.

Según Mulet  “ en primer lugar, este Decreto Ley fue firmado por un Gobierno ilegal, y no tiene sentido que el actual Estado acarree con las hipotecas normativas de un régimen genocida e ilegal.  En segundo lugar, porqué la Abadía estaría incumpliendo  los fines, y por lo tanto, el Patronato , según este texto, ha de dar cuenta a la Santa Sede y solicitar la sustitución de la Abadía benedictina por otra Orden o Instituto de la Iglesia ( artículo o 6 del DecretoLey de 23 de agosto de 1957 https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1957/226/A00834-00835.pdf), Esta orden a manos de un prior fascista, utiliza su el cargo  no para laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres, sino para violentar la convivencia democrática y actuar contra la propia legislación, como es en este caso la Ley del 2007 que pide resinificar el conjunto del Valle de los Caídos. Las últimas declaraciones del prior del Valle de los Caídos, o de destacados  miembros de esta órden, rozan directamente el delito, amenazan al Gobierno, amenazan con desatacar las decisiones judiciales, insuntan y atentan contra la memoria democrática”

En tercer lugar, porqué el convenio entre la Fundación y la Abadía, firmado en el 1958,  http://www.memoriahistorica.gob.es/es-es/vallecaidos/Documents/NormativaVALLECAIDOS19401960.pdf atenta contra la ley del 2007 de Memoria Histórica, en tanto y cuanto en sus obligaciones está la exaltación del franquismo ( obligación de celebrar misas el 20 N entre otras fechas, en honor a los “caídos en la Cruzada” . El Artículo 16 LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, deja claro que En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo. A pesar de ello, se continúan permitiendo actos de exaltación franquista como los vistos recientemente, o directamente protagonizados por el prior fascista al frente de la Abadía, Santiago Cantera, quien protagonizó y dedicó el pasado 20 de enero una misa en homenaje al dictador genocida Francisco Franco “http://www.valledeloscaidos.es/homilias, 20 de noviembre de 2018 Queridos hermanos: En el aniversario de su muerte, ofrecemos hoy especialmente el Santo Sacrificio de la Misa por las almas de José Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco”

Y en cuarto lugar, según el portavoz de Compromís, porqué la Fundación no se ajusta a la legislación actual en cuanto a Fundaciones. Las recomendaciones de la comisión de expertos ya apuntaban a la necesidad de renegociar el convenio con la Iglesia, por ser este anacrónico. ( La orden Orden PRE/1396/2011 antes citada habla de la necesidad de actualizar y definir tanto el régimen jurídico de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos como el estatuto de la Abadía Benedictina. “Es un propósito ya planteado por la Ley 23/1982 que autorizó al Gobierno a regular, mediante Real Decreto, la adecuación del régimen jurídico de la Fundación, sin que finalmente llegara a producirse, a pesar de que con tal objeto se dispusiera la creación de una Comisión por Real Decreto 663/1984, de 25 de enero”.

En la actualidad, de acuerdo con la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, y el Reglamento de dicha ley, aprobado mediante Real Decreto 496/1987, de 19 de marzo, las funciones de patronato y representación de la Fundación se asignan al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por lo que el Gobierno tiene todo el amparo normativo para expulsar a esta orden del Valle de los Caídos.


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