La cumbre de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), que se ha celebrado en Castellón, tuvo ayer como protagonistas a las diputaciones provinciales de toda España, ya que se se reunió la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, a la que asistieron la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, y el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.
En este encuentro, en el que se ha reiterado la importancia de los gobiernos intermedios como garantes de que los ciudadanos, vivan donde vivan, cuenten con las mismas oportunidades, servicios e infraestructuras, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de que la financiación local se incorpore al debate y negociación de la financiación autonómica.
Según explicó el presidente de la Comisión y presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, “no queremos quedarnos una vez más fuera, como en el 79, cuando cada día las administraciones locales tienen más competencias pero mantienen los mismos recursos económicos”.
Además, se planteará al Gobierno la necesidad de revistar la tasa de reposición en las administraciones locales, es decir, cubrir las vacantes o bajas en sus plantillas, ya que desde el año 2011 a 2016 se han destruido más de 95.000 empleos en estas administraciones.
“Se ha destruido -apuntaba Reyes- más del 15% de los efectivos de la Administración local, además de que muchos de los que no se han destruido han pasado a estar en situación laboral precaria”, recordando que, además, son administraciones que cumplen las condiciones establecidas por el Gobierno en cuanto a deuda, pago a proveedores y disponibilidad económica.
Por otro lado se pide que las administraciones locales puedan participar, junto al Gobierno central y a los regionales, en el diseño y aplicación de los fondos estructurales y de inversión, de cara a los fondos de 2021-2018. “Tenemos mucho que decir porque, al fin y al cabo, somos los territorios donde se aplican esos fondos”.
Se ha insistido también en la reiterada petición de que los gobiernos provinciales o locales que tengan sus cuentas saneadas, puedan utilizar sus remanentes o superávit en inversiones en los pueblos.
Por último, se ha aprobado una declaración de apoyo a Galicia, Asturias y Castilla y León por los incendios sufridos en los últimos tiempos.
