El Ayuntamiento de Cáceres ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo para que el juzgado determine si la deuda que la Diputación Provincial le reclama por la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei), que asciende a 948.000 euros de la liquidación del segundo semestre de 2016, es la que le corresponde pagar al Consistorio cacereño.
El portavoz del equipo de Gobierno local, Rafael Mateos, ha explicado este viernes en rueda de prensa que se ha solicitado información "en reiteradas ocasiones" a la diputación cacereña para que aclare cuáles son los conceptos de esa deuda que reclama a las arcas municipales pero, "a día de hoy, no ha habido contestación".
"El ayuntamiento ha tenido que recurrir a la justicia para defender los derechos de los cacereños", ha subrayado Mateos, quien ha recordado que, el pasado mes de febrero, se mantuvo una reunión entre los responsables de las haciendas del ayuntamiento y la diputación para hacer un seguimiento del convenio que ambas instituciones firmaron en 2013 para la prestación de este servicio de bomberos, pero "no se han ofrecido los datos que justifiquen la reclamación de esa cantidad", insiste el portavoz.
Al no ponerse de acuerdo, desde el ayuntamiento cacereño se ha decidido acudir a los tribunales para que diriman cuál de las dos administraciones tiene razón y si la cantidad que pide la diputación es la correcta, según los conceptos recogidos en el convenio y aplicables a la cuota de prestación del servicio.
Esta no es la primera desavenencia por este asunto de ambas instituciones ya que también fue problemático el aumento de la cuota anual que la diputación propuso para el año 2016, que se incrementó en casi medio millón de euros, ya que pasó de 1.415.379 a 1.897.975 euros. Para el presente ejercicio de 2017 ya se redujo hasta 1.614.000 euros.
Cabe recordar que el convenio que rubricaron la diputación cacereña y el ayuntamiento establece qué le corresponde pagar a cada administración por el servicio del parque central de bomberos, que está situado en la capital cacereña y que presta servicios a Cáceres y a otros 68 municipios.
Ahí se recogen los conceptos y porcentajes que deben abonar de gastos de personal tanto técnico como operativo, gastos corrientes, inversiones, etc. La cantidad que resulta se divide entre la población de los 69 municipios y cada uno abona en función del número de habitantes.
El problema surge cuando la diputación dice que ha aplicado esa fórmula imputando a Cáceres pagos que antes no se habían registrado, pero el ayuntamiento defiende que se le están aplicando cantidades que ya se habían pagado con cargo a otros conceptos especiales.
