Se trata de un magnifico informe que se debe leer con detenimiento. A pesar de lo farragoso que resulta en gran medida por el uso abusivo de siglas complejas (UE, PO, FEDER, FSE, FC, ENIG, FEIG, PNC, PBC, REP, TFUE, etc.) y por el lenguaje jurídico-político del que no han podido liberarse los redactores del documento, y a sabiendas de que, por desgracia, el mensaje que encierra difícilmente llegará a la mayoría de los gitanos europeos, desde la Unión Romani reconocemos que estamos ante el informe más serio, riguroso e incluso crítico consigo mismo de cuantos hemos conocido hasta ahora.
Algunas pinceladas informativas aparecidas a lo largo de las 100 páginas del documento.
El Tribunal evaluó en la fiscalización si las iniciativas políticas de la Unión Europea (UE) y la ayuda financiera prestada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) habían contribuido eficazmente a la integración de los gitanos
La labor de fiscalización se llevó a cabo en la Comisión y en cuatro Estados miembros que son los que cuentan con mayor población gitana (Bulgaria, España, Hungría y Rumanía) y abarcó el período 2007-2015. El Tribunal seleccionó a estos cuatro Estados miembros (Bulgaria, España, Hungría y Rumanía) por el elevado número de gitanos que viven en ellos y porque habían asignado un gran importe de financiación a áreas que podrían haber apoyado iniciativas de inclusión de los gitanos.
Población gitana
Alrededor de cuatro quintas partes de la población gitana estimada de la UE, según nuestra propia estimación, viven en los ocho Estados miembros siguientes:
Rumanía 2.500.000
Bulgaria 800.000
Hungría 800.000
España 750.000
Eslovaquia 600.000
Francia 400.000
Chequia 250.000
Grecia 250.000
Dinero recibido procedente de la UE
En el período de programación 2007-2013, estos cuatro Estados miembros juntos (Bulgaria, España, Hungría y Rumanía) recibieron 14.100 millones de euros de ayuda del FEDER y el FSE para medidas de inclusión social, lo que representa el 20 % del importe total de los Fondos Estructurales asignado a medidas de inclusión social en todos los Estados miembros durante el mismo período (Pág. 20)
1.518 millones de euros facilitados a los Estados miembros en el marco de la prioridad de inversión «Integración de las comunidades marginadas, como los gitanos» para el período de programación 2014-2020
Han sido doce Estados miembros que albergan en conjunto a más del 90 % de la población gitana estimada de la UE quienes han entrado en este reparto: (Pág.44)
Hungría 470 millones de euros
Rumanía 372 millones de euros
Chequia 200 millones de euros
Bulgaria 143 millones de euros
Eslovaquia 99 millones de euros
Grecia, 73 millones de euros
Italia, 71 millones de euros
España, 48 millones de euros
Polonia 19 millones de euros
Bélgica, 10 millones de euros
Francia, 8 millones de euros
Austria 4 millones de euros
414 millones de euros asignados en el marco de la «Lucha contra todas las formas de discriminación y promoción de la igualdad de oportunidades”
España 145 millones de euros
Grecia 99 millones de euros
Portugal 51 millones de euros
Eslovaquia 40 millones de euros
Chequia 22 millones de euros
Polonia 19 millones de euros
Chipre 14 millones de euros
Irlanda 11 millones de euros
Francia 8 millones de euros
Bélgica 4 millones de euros
El análisis del Tribunal de Cuentas europeo reveló que las estrategias nacionales de Bulgaria, Hungría y España no contenían información sobre las asignaciones financieras disponibles para las medidas relacionadas con los gitanos, ya sea con cargo al presupuesto nacional o en el marco de los PO del FEDER y el FSE con cargo al presupuesto de la UE. (…) La ausencia de información sobre los recursos económicos disponibles para resolver los problemas de inclusión de los gitanos hace difícil determinar si las estrategias de los Estados miembros eran realistas desde el principio. (Pág. 31)
El Tribunal ha detectado en Rumanía y en España deficiencias en la asignación de competencias para la aplicación de la estrategia nacional. Y más concretamente en España el Tribunal ha observado que los órganos coordinadores existentes (como el Grupo de Cooperación Técnica) no eran eficaces a la hora de facilitar datos fiables y coordinar las políticas, lo que demostraba la necesidad de una mayor coordinación para garantizar la aplicación adecuada de la estrategia nacional. Ambos ejemplos de escasa coordinación obstaculizaron la recopilación de datos fiables, dificultando el seguimiento de la aplicación de la estrategia nacional. (Pág. 32)
Datos sobre la etnia de los participantes recopilados en los proyectos, pero no transmitidos al sistema de seguimiento de los Planes Operativos (PO)
El Tribunal constató que varios de los promotores de los cuatro Estados miembros visitados durante la fiscalización recopilaban datos sobre la etnia de los participantes, pero estos datos no se transmitían a las autoridades de gestión u organismos intermedios. Esto significa que los datos relacionados con los gitanos disponibles en los proyectos no llegaron al sistema de seguimiento de los PO. Este fue, por ejemplo, el caso de España. El organismo intermedio del PO regional para Andalucía ni siquiera sabía qué proyectos se habían dirigido a los gitanos, aunque esta información estaba disponible en los proyectos. Algo parecido sucedió en Hungría. (Pág. 48)
Necesidad de un planteamiento intercultural que entrañe el uso de mediadores y campañas de concienciación
Los Principios Básicos Comunes (PBC) describen la necesidad de un planteamiento intercultural que entrañe el uso de mediadores y campañas de concienciación. La aplicación de este principio es crucial para garantizar el éxito de los proyectos, especialmente los relativos a la vivienda. La falta de concienciación puede menoscabar gravemente los proyectos que de otro modo podrían haber tenido éxito.
DEFICIENCIAS
La fiscalización detectó varias deficiencias en relación con las estrategias nacionales:
- En primer lugar, las estrategias nacionales no indican qué nivel de financiación se necesita para aplicar las medidas propuestas para la inclusión de los gitanos, ni indican tampoco la cantidad de dinero disponible para estas medidas con cargo al presupuesto nacional y al presupuesto de la UE, a través del FEDER y el FSE.
- En segundo lugar, no se ha prestado suficiente atención a la lucha contra la discriminación y el antigitanismo. Ninguna de las estrategias nacionales evaluadas por el Tribunal hacía referencia al antigitanismo como forma particular de discriminación. En ninguno de los PO examinados se mencionaba expresamente y casi ningún proyecto abordaba específicamente este aspecto. Hasta ahora, la Comisión no ha obligado a los Estados miembros a establecer objetivos cuantificables relacionados con la lucha contra la discriminación. La ausencia de estos objetivos deja margen al desarrollo o la continuidad de la discriminación institucional, lo que menoscaba significativamente la eficacia de los proyectos de integración de los gitanos, incluidos los cofinanciados con cargo al presupuesto de la UE.
- En tercer lugar, no siempre se ha tenido en cuenta la necesidad de una participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, en concreto representantes de la propia población gitana, en los Estados miembros seleccionados a la hora de elaborar las estrategias nacionales. Al no incluir a las organizaciones de la sociedad civil y la población gitana en todas las fases del proceso, se corre el riesgo de menoscabar la eficacia de las políticas y proyectos (Pág. 65)
Seguimiento de aplicación de la Directiva 2000/43/CE sobre igualdad racial
Esta es una Directiva fundamental para lograr conseguir la erradicación del racismo y la inclusión de las minorías en el conjunto de la sociedad en la que viven. La mayoría de los Estados miembro de la UE ya han cerrado su aplicación en sus respectivos territorios, pero hemos de denunciar que algunos países, de mucho peso en Europa, aún no lo han hecho: Francia, Alemania, Irlanda, Grecia, Italia, Luxemburgo. Una vergüenza que nosotros denunciamos desde aquí y que nos hace comprender por qué en algunos de esos países se dan los ataques más vergonzosos contra los gitanos que residen dentro de sus fronteras.
Y ahora ¿Qué debemos hacer?
Primero: Felicitar al Tribunal de Cuentas de la Unión Europea por la elaboración de este informe.
Segundo: Llamar la atención de la Comisión de la UE para que valore adecuadamente el contenido del informe y tenga en cuenta las recomendaciones que en el mismo se formulan.
Tercero: Pedir al Parlamento Europeo que se erija en protagonista y portavoz de las inquietudes de los gitanos del viejo continente. Para ello proponemos a los Diputados que:
- Insten a la Comisión, en colaboración con los Gobiernos de España, Rumanía, Bulgaria y Hungría a celebrar en sus respectivos países unas jornadas de debate donde los gitanos de cada uno de estos países puedan participar para pedir aclaraciones sobre el contenido del Informe y proponer iniciativas propias de acuerdo con la realidad de sus territorios.
- Comprometan a la Comisión a fijar por Ley la representación mínima que los gitanos de cada país deben tener en la gestión de los programas financiados con fondos europeos.
- Animen a la Comisión a que facilite la creación de un Grupo de Interlocutores Gitanos, democráticamente elegidos en los países beneficiados por el reparto de fondos europeos, para que emitan su parecer, debidamente fundamentado, sobre los programas que se llevan a cabo en todo el territorio europeo.
Juan de Dios Ramírez-Heredia
Abogado y periodista
Presidente de Unión Romani
El lector interesado puede leer el INFORME completo en español pulsando en el siguiente enlace:
