Unidas Por Extremadura exige soluciones urgentes al gobierno de Vara por los problemas de movilidad que están sufriendo 124 municipios extremeños

De Miguel ha advertido a la Junta de Extremadura que quien sale perjudicada por esta manera de “mal gobernar” es la gente “que ven como poco a poco van recortando servicios en sus pueblos” 

Unidas Por Extremadura ha culpabilizado al gobierno de Fernández Vara de los problemas que están sufriendo 124 municipios con el servicio de transporte de viajeros por carretera. La portavoz, Irene de Miguel, en una pregunta realizada a la consejera, ha asegurado que la adjudicación del servicio a la multinacional ALSA es una “chapuza”, ya que la nueva concesionaria del servicio ha eliminado rutas y reducido drásticamente las frecuencias “dejando incomunicados a nuestros pueblos”. 

De Miguel ha afirmado que esa adjudicación, que se produce después de que LEDA, que gestionaba el servicio hasta el pasado mes de agosto, amenazara a la Junta de Extremadura con una huelga hasta que no le pagara la deuda que la administración regional mantiene con la empresa. “La nueva concesión es fruto de la improvisación que deja de nuevo los servicios públicos extremeños en manos de grandes empresas que pueden ofrecer la oferta económica más baja, pero que nunca pierden dinero” porque, según la diputada, contrarrestan esa oferta a la baja “dando un menor servicio del que daban antes”. 

La también presidenta del Grupo Parlamentario Unidas Por Extremadura ha explicado que el problema con el transporte de carretera en nuestra región “no es nuevo”. Ha comentado que ya en el año 2009 se reconoció que era prioritario revisar las líneas regionales de autobuses y rediseñar el mapa de las rutas, “se dieron para ello un plazo de diez años”, ha dicho, “pero ustedes han preferido posponerlo una vez más y sacar esta adjudicación provisional que demuestra su forma de mal gobernar”. 

De Miguel ha indicado a la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda que esta manera de proceder “chapucera” tiene consecuencias porque “quien sale perjudicada es la gente que ve cómo poco a poco se les van recortando servicios en sus pueblos” y ha puesto alguno ejemplos de estos recortes, como el caso de Solana de los Barros “donde se puede ir a Badajoz pero no volver”. 

Por todo ello, ha instado a la consejera a que no permita a ALSA ni un recorte más en las líneas de autobuses que conectan nuestros pueblos y le ha recordado que hay políticas que fomentan la despoblación en vez de luchar contra ella, “y esta nueva concesión de transporte por carretera es un claro exponente de una política que incide en dejar a los pueblos sin servicios y contribuir a que se despueblen”.