Unidas Por Extremadura insta a la Junta a que ponga en marcha las medidas necesarias para garantizar la subida del SMI en Extremadura

Unidas Por Extremadura ha exigido este jueves en el Pleno de la Asamblea que la Junta de Extremadura ponga en marcha todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación de la subida del SMI a todos los trabajadores y trabajadoras de la región. En una pregunta realizada por el diputado Joaquín Macías, éste ha criticado que el Gobierno de la región mantenga “un silencio atronador” ante los incumplimientos de la patronal que se niega a aplicar ese incremento. 

Macías ha asegurado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que surgió del acuerdo presupuestario entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, fue una excelente noticia para miles de trabajadores que se encuentran en las escalas salariales más bajas, “como quienes realizan tareas agrícolas, quienes están sometidos a contratos temporales, quienes atienden con sus cuidados a los mayores en la ayuda a domicilio, etc”. “Hablamos, por tanto, -ha dicho- de empleo en el mundo rural, de mujeres que suponen el mayor porcentaje de trabajadores temporales y de jóvenes en empresas de servicio”. 

Sin embargo, ha lamentado que sus expectativas se hayan convertido en frustración “ante las dificultades que pone la patronal para aplicar la subida”. El diputado ha recordado que ese incremento debe hacerse por ley y que además existe en el sector del campo un laudo de obligado cumplimiento, “pero, a pesar de ello, continúan tratando de incumplirlo en los contratos, regateando pluses, horas extras, nocturnidad y hasta la antigüedad”. 

Por todo ello, ha criticado que desde la Junta de Extremadura “no se haya escuchado ni una sola recriminación a los empresarios que actúan fraudulentamente”, pero tampoco, ha dicho, “ni un anuncio de coordinación con la Inspección de Trabajo para garantizar la aplicación de la subida”. Por ello, ha instado al Gobierno de Fernández Vara a que tenga voluntad a la hora de solventar este problema y cumpla lo establecido por ley, “y también con lo estipulado en el Estatuto de Autonomía donde se especifica que le corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura las competencias en materia de trabajo y relaciones laborales, incluyendo la función pública inspectora”.