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Opinión-Editorial
SIN PROPÓSITO DE ENMIENDA

Un ministro inconstitucional

12 de Junio | 13:00
Un ministro inconstitucional
Hace unos meses, cuando el Tribunal Constitucional dejó caer una de sus sentencias contra el gobierno de Cataluña, el Ministro de Justicia reclamó con insistencia la dimisión del ejecutivo catalán: no todos los días el máximo tribunal de este país declara incompatible con la Constitución Española una norma. 

Cuando este jueves 8 de junio, este mismo alto Tribunal ha dejado fuera de combate, en un Auto especialmente contundente, la llamada Ley de Amnistía Fiscal del Ministro Montoro, el señor Catalán nos ha venido a decir que “entra dentro de la normalidad democrática” que el Constitucional declare incompatible con nuestra Carta Magna una norma legal. Hay personas que parecen concentrar en su cara todo el hormigón producido por la humanidad desde que los romanos empezaron a ensayar con nuevas técnicas de mampostería. Vamos, que el señor Catalán tiene más cara que espalda, y dura, muy dura. 

En un país donde un gobierno decente antepusiera los intereses nacionales a los particulares, un ministro en la misma situación que Montoro habría dimitido sin perder un segundo. Pero en España, ni tenemos un gobierno decente, ni ministros preocupados por salvaguardar las instituciones públicas. Solo les interesa poder garantizar su participación en el saqueo en beneficio propio. 

El Tribunal Constitucional ha ilegalizado la Ley de Amnistía Fiscal. Y no ha ahorrado calificativos. Ha sentenciado que el gobierno abdicó de su obligación de preservar la igualdad de todos los españoles ante las leyes; ha juzgado que el Ejecutivo ha amparado y protegido a los defraudadores y ha concluido que con la Amnistía a los evasores se ha lanzado un mensaje lesivo para nuestra democracia: robar (millones, claro) es rentable. 

Los corruptos Urdangarín, Rato o Bárcenas, entre otros, se cobijaron en el decreto Montoro para legalizar sus fraudes. Se anunció una lluvia de millones gracias a la “regularización especial” pero no llegaron a mil millones, de los 10.000 millones que se prometían. Entre otras cosas porque, en un acto de suprema vergüenza, incluso se optó por multar a los defraudadores con un 3% de gravamen sobre los evadido en vez del 10%. 

Fue un despropósito. Una ley para beneficiar a sus amigos, a aquellos que robaban en nombre del Partido Popular y a los empresarios que engordaban la caja B del Partido de la Cosa Nostra. Y mientras, Montoro, el Ministro declarado inconstitucional, ahí sigue.



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